La decisión de una jueza magistrada en San Jose, California, se produce tras una amplia desaprobación de las políticas por parte de un juez federal en Rhode Island el mes pasado.
Una jueza federal ordenó el miércoles que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) reanude el procesamiento de las autorizaciones de trabajo I-765 para extranjeros, después de que el gobierno federal, a principios de este año, hubiera congelado todas esas solicitudes para personas provenientes de 39 países considerados de “alto riesgo”.
La jueza magistrada federal Virginia DeMarchi, en San Jose, California, concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar (preliminary injunction) en la demanda presentada por 137 ciudadanos extranjeros de 15 países, incluidos Afganistán, Irán, Nigeria y Venezuela.
Ellos alegan que la revisión oportuna de sus solicitudes I-765 es esencial para su capacidad de trabajar, mantener sus estatus de no inmigrante y sostener sus medios de vida en EE. UU.
La jueza rechazó los argumentos del gobierno de que los memorandos de política que congelaron las solicitudes estarían protegidos de la revisión judicial en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act).
DeMarchi discrepó de que los memorandos de política no constituyan acciones administrativas finales susceptibles de impugnación en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act), que rige la manera en que las agencias federales toman e implementan decisiones de política relevantes.
“Esta misma cuestión de jurisdicción ya ha sido ampliamente examinada por otros tribunales en litigios similares en este distrito y en todo el país”, dijo DeMarchi. “El tribunal coincide con el razonamiento de aquellos tribunales que concluyen que el USCIS tiene el deber no discrecional de revisar las solicitudes de beneficios migratorios dentro de un plazo razonable; que los tribunales tienen jurisdicción para revisar el incumplimiento del USCIS de hacerlo; y que los memorandos de política son suficientemente ‘finales’ para efectos de revisión conforme a la APA”.
Las autorizaciones de trabajo en cuestión normalmente son necesarias para estudiantes extranjeros en universidades estadounidenses, solicitantes de asilo, solicitantes de Green Card y cónyuges de extranjeros que poseen una visa para trabajar en EE. UU.
La decisión se produce tras una sentencia del mes pasado, dictada por un juez federal de Rhode Island, que anuló cuatro políticas del USCIS que habían suspendido solicitudes de asilo, autorizaciones de trabajo, Green Cards y ciudadanía por parte de nacionales de los 39 países de África, Asia, Medio Oriente y América Latina.
El juez federal principal (Chief U.S. District Judge) John McConnell Jr., designado por Barack Obama, reprendió al USCIS en esa decisión por infringir las propias leyes de inmigración que el Congreso le encomendó administrar.
“Al promulgar sus políticas de inmigración más recientes, el USCIS: reivindica una autoridad legal y regulatoria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin considerar los intereses de confianza (reliance interests) de los solicitantes que debe tener en cuenta; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que encubren sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido permitir que influyan en su toma de decisiones”, dijo McConnell Jr. en una decisión de 135 páginas.
Aunque la decisión en el caso Dorcas International Institute of Rhode Island vs. USCIS significó efectivamente que las solicitudes I-765 ya no están congeladas, DeMarchi denegó la solicitud del gobierno de suspender el litigio mientras apela la decisión de Rhode Island.
“La jueza actuó correctamente al conceder esta medida cautelar —la quinta o sexta victoria de nuestro despacho contra las suspensiones—”, dijo Curtis Lee Morrison, abogado de Red Eagle Law que representa a los demandantes en el caso de San Jose, en un correo electrónico. “La posición del gobierno de que probablemente prevalecerá en la apelación contra la anulación del caso Dorcas claramente debilita cualquier argumento para no conceder la tutela aquí o en otras impugnaciones a las suspensiones”.
Los representantes del Departamento de Justicia de EE. UU. no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión.
Fuente : Courthouse News
